La Dependencia en Canarias

 

La Dependencia en Las Palmas de Gran Canaria: Un Sistema en Crisis

La situación de la dependencia en Canarias, y en particular en Las Palmas de Gran Canaria, refleja una problemática estructural que afecta a miles de personas vulnerables. Según los últimos datos del Imserso, 13.922 personas tienen reconocido su derecho a prestaciones pero continúan en espera, de las cuales 13.033 llevan más de seis meses sin recibir atención. Este "limbo de la dependencia" ha crecido exponencialmente desde 2023, evidenciando la incapacidad del sistema para garantizar una respuesta ágil y efectiva.

Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tiempo de espera (540 días), solo superada por Andalucía (579 días) y Murcia (555). Aunque la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insiste en que se han logrado avances, la realidad dista mucho de comunidades como Castilla y León, donde el plazo medio es de 113 días. La ley establece un máximo de seis meses para resolver las solicitudes, un plazo que Canarias incumple sistemáticamente. Si quiere encontrar residencias de mayores adecuadas para un ser querido, en Residencias y Salud le asesoramos durante todo el proceso para que pueda conseguir su plaza.

El sistema registra 76.588 solicitudes, de las cuales 68.265 han sido resueltas y 60.672 reconocidas como válidas. Sin embargo, solo 46.750 cuentan con un Programa de Atención Individualizada (PIA), dejando a casi 14.000 personas sin cobertura. Esta demora no solo vulnera derechos fundamentales, sino que agrava la situación de quienes necesitan apoyo inmediato.

Ante esta crisis, el Gobierno canario ha anunciado medidas polémicas, como un nuevo decreto que modifica el modelo de evaluación. Sin embargo, expertos y trabajadores sociales advierten que la propuesta podría empeorar la burocracia y reducir la calidad de la atención, generando más obstáculos para los dependientes.

El Colapso del Sistema y las Cifras Controvertidas

Las estadísticas oficiales reflejan un caos administrativo en la gestión de la dependencia. Aunque en diciembre de 2023 se reportaron 62.165 prestaciones, la cifra se corrigió meses después a 53.929, dejando un inexplicable descenso de 8.236 ayudas. Esta inconsistencia ha generado desconfianza y críticas, llevando a la oposición y a los sindicatos a exigir responsabilidades políticas.

La mayoría de los dependientes reconocidos en Canarias tienen grado tres (19.259), el nivel de mayor necesidad, seguido por el grado dos (19.139) y el uno (15.531). Las prestaciones más comunes son las destinadas al cuidado en el entorno familiar (21.703), seguidas por servicios vinculados a centros de día (5.416) y residencias (4.706). No obstante, la cobertura real apenas alcanza al 17% de la población potencialmente dependiente (262.023 personas).

Las mujeres son las más afectadas por las demoras, representando el 58% de los beneficiarios (27.291 frente a 19.459 hombres). Esta disparidad refleja una brecha de género en la atención, donde las cuidadoras informales (en su mayoría mujeres) soportan una carga adicional debido a las deficiencias del sistema.

La falta de transparencia en los datos y los constantes cambios en las cifras oficiales han minado la credibilidad de las instituciones. Mientras el Gobierno regional intenta justificar estos errores, las familias afectadas siguen esperando soluciones concretas que alivien su situación.

Polémica por el Nuevo Decreto y la Exclusión del Informe Social

Para reducir la lista de espera, la Consejería de Bienestar Social propone un nuevo decreto que elimina el modelo bifásico de evaluación, sustituyéndolo por uno monofásico. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por colegios profesionales y trabajadores sociales, quienes denuncian que perjudicará a los usuarios más vulnerables.

Los Colegios de Trabajo Social de Canarias alertan que el decreto traslada la carga burocrática a los ciudadanos, saturando los servicios sociales municipales. Además, critican la eliminación del informe social, un documento clave para evaluar las necesidades reales de los dependientes. En su lugar, se introduce un "Informe del Entorno", una figura no reconocida legalmente y carente de rigor técnico.

El personal de la Consejería también ha manifestado su preocupación, señalando que la nueva normativa vulnera derechos fundamentales y reduce la calidad de la atención. "Lejos de simplificar trámites, generará más obstáculos", advierten. Esta reforma, en lugar de agilizar el proceso, podría profundizar la crisis del sistema.

Las críticas al decreto reflejan un descontento generalizado entre profesionales y usuarios, quienes exigen una solución real y no cambios cosméticos que agraven el problema. La falta de diálogo con los actores implicados ha aumentado la desconfianza en la gestión pública.

Inversiones en La Palma: ¿Solución o Parche?

En un intento por mejorar la atención, el Gobierno canario ha destinado 925.000 euros a proyectos en La Palma, incluyendo la construcción de una residencia de mayores en Los Llanos de Aridane (120 plazas) y la reforma del Hospital de los Dolores (53 nuevas plazas sociosanitarias). Sin embargo, estas iniciativas, aunque necesarias, no resuelven el problema estructural.

Las inversiones anunciadas son insuficientes para cubrir la demanda creciente, especialmente en una isla con alta tasa de envejecimiento. Además, no abordan el principal problema: la lentitud administrativa y la falta de personal cualificado. Sin una reforma integral, estos recursos solo actuarán como parches temporales.

Mientras tanto, miles de personas siguen esperando una respuesta, atrapadas en un sistema colapsado. Urgen medidas eficaces que prioricen la dignidad y los derechos de los dependientes, garantizando una atención oportuna y de calidad. Canarias no puede permitirse seguir relegando a sus ciudadanos más vulnerables al olvido.

Conclusión

La crisis de la dependencia en Las Palmas de Gran Canaria es un reflejo de un problema sistémico que requiere soluciones urgentes. Las demoras, la opacidad en las cifras y las reformas polémicas evidencian una gestión deficiente. Es imperativo un pacto social y político que garantice derechos básicos, agilice trámites y aumente la inversión real en servicios sociales. Solo así se podrá romper el "limbo de la dependencia" que sufren miles de canarios.